La determinación podría afectar la calidad de los servicios que los pasajeros reciben, deteriorar la infraestructura y cancelar inversiones destinadas a la modernización de los aeropuertos.

Es necesario el diálogo entre concesionarios y autoridades para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los participantes en la industria.

Envía una muy mala señal que hace perder la confianza en el país y por ende lastima la competitividad, inhibiendo el arribo de nuevas inversiones. 

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideran que la modificación unilateral que con efecto inmediato implementó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) en la regulación tarifaria a grupos aeroportuarios concesionarios, representa una falta grave al Estado de Derecho, debido a la violación del artículo 10.8 de la Concesión, el cual dice que “las condiciones establecidas en la Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario” Adicionalmente, refleja un manejo administrativo irresponsable que puede producir un deterioro en la calidad de los servicios que reciben los pasajeros, además de desincentivar nuevas inversiones en el sector aeroportuario.

Desde Coparmex se pronuncian por el estricto respeto y apego a la ley y a los términos bajo los cuales fueron otorgados los Títulos de Concesión, por el cumplimiento cabal de los procedimientos y por la generación e implementación de políticas públicas que pongan al centro a las personas, que privilegien la libre empresa y que busquen el desarrollo inclusivo de la nación, por lo que reprueban la manera en que la AFAC decidió llevar a cabo cambios sustanciales en los términos de las bases de regulación tarifaria, sin medir las consecuencias económicas para miles de inversionistas y la afectación futura a millones de pasajeros, además de enviar un mensaje a la comunidad internacional de que la autoridad no respeta los contratos firmados con los particulares.

Hacen un llamado al diálogo entre los concesionarios que operan 41 aeropuertos en México y la SCT, para que se llegue a un acuerdo que beneficie a todos los participantes de la industria, pues la modificación ya registró su primera afectación con la caída de hasta 26 por ciento en el valor de las acciones de los grupos aeroportuarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y suma, además, un nuevo factor negativo para la atracción de inversiones al país.

Las resoluciones unilaterales y discrecionales son una muy mala señal para quienes pretenden invertir en nuestro país; la incertidumbre normativa y económica ahuyenta el arribo de nuevas inversiones, es un contrasentido a la oportunidad histórica que representa la “relocalización de plantas industriales” (Nearshoring).

En COPARMEX advierten que la decisión tomada por la AFAC y notificada en días pasados a los concesionarios privados, tendrá consecuencias no sólo en las finanzas de los grupos aeroportuarios, sino que terminará impactando también a las líneas aéreas, y tarde o temprano a los usuarios que es a quienes en teoría se busca apoyar.

Los sectores aeronáutico y aeroportuario son de los más castigados no nada más por la pandemia, sino también por la pérdida de la Categoría 1 de Seguridad Aérea que implicó 2 años de espera y mucho trabajo para poderla recuperar. Los planes de inversión de las empresas que obtienen una concesión, como es el caso, se basan en proyecciones de ingresos con base en las tarifas pactadas, por ello, afectar las cuotas, lastima las finanzas de las concesionarias, la generación de empleo en el sector, y tendrá como consecuencia una inversión menor en infraestructura, mantenimiento y seguridad.

Reiteran: las decisiones parciales incrementan la incertidumbre para los inversionistas, inhiben nuevos proyectos y generan desconfianza. Es evidente que el presupuesto público no alcanzará en 2024 para cubrir muchos rubros -más allá de los programas sociales y proyectos prioritarios de la administración federal- por lo que se requiere de la colaboración plena entre el gobierno y el sector privado para fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes; sin confianza mutua, sin respeto a la ley, esto será muy difícil.

Exhortan a las autoridades a dar marcha atrás a esta decisión que inhibe las inversiones futuras en la infraestructura nacional en un sector ya de por sí vulnerable como lo es la aviación civil.

No por decisiones políticas o electorales de corto plazo, deben perderse las ventajas competitivas y el atractivo de México ante el “nearshoring”.