Desde la voz de sus principales protagonistas, la OEI realizó un diálogo que puso sobre la mesa el impacto de este caso judicial que inició con el arresto de Pinochet en Londres, lo que supuso un antes y un después en el derecho penal internacional.

Con motivo del 25º aniversario del arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres y del 50º aniversario del golpe de Estado en Chile, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) realizó este martes el diálogo «El caso Pinochet: diálogo entre sus protagonistas. Reconstruyendo el caso, judicial, político y diplomático». Durante el acto, diversas autoridades y personalidades protagonistas de este caso reflexionaron sobre el impacto que sigue teniendo para el derecho y las relaciones internacionales el arresto de Augusto Pinochet en la capital británica tras un fallo de un tribunal español en octubre de 1998.

Participaron en la apertura del encuentro Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, con la bienvenida de Lucía Sala Silveira, directora general de la Fundación Ortega-Marañón, anfitriona del evento, quien celebró la realización del acto en una institución que es “la casa del pensamiento, las ideas y la filosofía”.

Mariano Jabonero señaló que “la educación en derechos humanos y democrática es una prioridad para la OEI, que vio sus comienzos con la puesta en marcha del Instituto de Educación en Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, en 2013 y que pasó a ser un programa regional refrendado unánimemente por todos los países de la región en 2021. “No son momentos sencillos, de debilidades políticas y económicas en nuestra región, lo que justifica trabajar en esa dirección”, apuntó Jabonero, al tiempo que subrayó que este diálogo ayudará a transmitir “la necesidad de no olvidar para no caer en la indiferencia”.

Por su parte, Diego Blázquez Martín aseguró que “la memoria democrática no es una excepcionalidad española, sino la construcción de la sociedad internacional, del derecho internacional y del sistema europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial”. “No se puede olvidar que las grandes catástrofes de la humanidad nacen por el olvido”, sentenció Blázquez, quien subrayó además que “el deber de la memoria es mucho más amplio que la lucha por la impunidad”.

Antes del diálogo central, el abogado y defensor de derechos humanos estadounidense Reed Brody, autor de “The Pinochet Papers”, y figura clave en el caso Pinochet, entre otros de renombre internacional como Habré, Guantánamo, Duvalier y Jammeh, participó con una ponencia magistral en la que recordó que hace 25 años se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que “sembró la esperanza y nos hizo soñar con la justicia”; al tiempo que manifestó que lo más efectivo sería que los tribunales nacionales pudieran ejercer la jurisdicción universal.

El diálogo central contó con la participación de Joan Garcés, abogado y director español de la acusación particular y popular en el caso Pinochet; Carlos Castresana, autor de los dictámenes sobre desaparición forzada, tortura y crímenes contra la humanidad que dieron lugar al proceso seguido ante la Audiencia Nacional de España, y David Mathieson, ex asesor senior del ministro de Exteriores británico, Robin Cook, durante el arresto de Pinochet en Londres, bajo la moderación de Irune Aguirrezabal, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI.

“Este caso es una bola de nieve que salió desde España, Chile e Inglaterra y que sigue rodando”, aseveró Garcés, al recordar que cuando se admitió a trámite la querella contra el exdictador chileno “contábamos con el apoyo de la mayoría de la opinión pública española, pero también con factores negativos”. Castresana, por su parte, resaltó que este caso fue especial para los tribunales españoles “porque España era el siguiente país con más víctimas, algo que no se podía rechazar”. “Desde España tiramos el muro de la impunidad”, destacó. Por otro lado, desde su experiencia, Mathieson reflexionó sobre hasta qué punto este tipo de casos se pueden convertir en asuntos políticos o deben ser netamente judiciales y, por tanto, “dejarlos en manos solo de los tribunales”.

La jornada concluyó con una ponencia titulada Efectos del caso en el impulso de la Corte Penal Internacional a cargo de Pablo Ruíz-Jarabo,subdirector general de Naciones Unidas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quien resaltó que la comunidad internacional por fin cuenta con un código jurídico claro que, a partir del caso Pinochet, quedó reforzado. “Latinoamérica tiene un papel protagónico en este tribunal internacional, es la primera región del mundo en desnuclearizarse y en donde no hay pena de muerte”, puntualizó.

Este encuentro forma parte de las actividades del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, lanzado en 2021, que tiene por objetivo contribuir a la consolidación de sociedades más democráticas, justas, cohesionadas, tolerantes y socialmente inclusivas en Iberoamérica. A lo largo de su andadura, y de la mano de una comisión experta de reconocidos especialistas en la materia, el programa ha impulsado iniciativas que han puesto el foco en incentivar el liderazgo juvenil y promover la equidad e igualdad de género, así como en fortalecer la cultura democrática en la región bajo los parámetros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.