Madrid, 10 de noviembre de 2026
Solo el 14% de las organizaciones en España cuenta con un enfoque proactivo y sometido a pruebas continuas para identificar y gestionar los riesgos emergentes antes de que se conviertan en crisis de gran envergadura, según se desprende de los resultados de una encuesta global presentada por FTI Consulting.
Esta cifra contrasta con el 17% a nivel global, tal y como reflejan las conclusiones recogidas en ‘Steady Advisers for an Unsteady Age: Realising the Full Potential of the General Counsel in a Polycrisis’, la segunda edición de un informe elaborado por Economist Enterprise en colaboración con FTI Consulting.
Partiendo del estudio de 2024 sobre la evolución del papel estratégico del General Counsel (GC) en la gestión de crisis, el informe de este año analiza esa función en una era de ‘policrisis’, en la que los riesgos se solapan y se refuerzan mutuamente cada vez más, con consecuencias de gran alcance en distintas áreas del negocio.
EL 35% EMPLEA HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN BASADAS EN IA
En este sentido, el texto señala que una de las oportunidades para impulsar un enfoque más proactivo en España pasa por reforzar la detección temprana de riesgos.
El 36% de las organizaciones utiliza la inteligencia artificial (IA) para monitorizar señales de riesgo externas, frente al 46% a nivel global, mientras que el 35% emplea herramientas de monitorización basadas en IA sobre datos internos de carácter operativo, de cumplimiento normativo o financiero, frente al 45% global, lo que supone una diferencia de diez puntos porcentuales.
La adopción de alertas automatizadas vinculadas a umbrales predefinidos también es menor: un 43% en España frente al 53% a nivel global. «Un mayor uso de estas herramientas podría ayudar a las organizaciones a identificar y evaluar antes los problemas emergentes, lo que daría a los responsables de la toma de decisiones más tiempo para determinar cómo responder», explica FTI Consulting.
PRIORIDAD AL POSIBLE DAÑO OPERATIVO DERIVADO DE UNA RESPUESTA TARDÍA
A la hora de decidir qué cuestiones de alto riesgo abordar en primer lugar, los encuestados en España priorizan el posible daño operativo derivado de una respuesta tardía (65%), la visibilidad pública o ante los grupos de interés (59%) y la probabilidad de una intervención regulatoria o judicial (52%).
«Sin embargo, priorizar de forma eficaz también depende de contar con la información y la coordinación necesarias para comparar riesgos que compiten entre sí, ya que el 36% de los encuestados señala que la información llega con demasiado retraso y el 30% apunta a una coordinación fragmentada entre las distintas funciones», detalla la empresa, que indica que, en línea con los resultados globales, más del 80% de los encuestados en España no recurre a apoyo externo hasta después de detectar la primera señal creíble de un problema significativo.
Sin embargo, el momento en que se solicita ese apoyo varía: el 44% de los encuestados en España solo busca ayuda cuando la situación ya se ha agravado de forma significativa o una vez producido el incidente, frente al 32% a nivel global. Los motivos por los que los encuestados recurren a apoyo externo también ponen de relieve lo que puede perderse cuando la experiencia especializada se incorpora tarde.
Los motivos más citados son obtener una evaluación jurídica independiente o proteger las comunicaciones amparadas por el secreto profesional (41%), acceder a conocimientos especializados de los que no se dispone internamente (37%) y hacer frente a la exposición regulatoria, sancionadora o litigiosa (29%).
Los encuestados en España muestran una implicación «temprana» con los consejos de administración, ya que el 62% trabaja con el consejo desde una fase inicial para definir el problema y las opciones, o para contrastar su criterio antes de fijar posiciones, frente al 57% a nivel global. De ese 62%, el 40% consulta al consejo para afinar su evaluación y el 22% expone desde el principio el problema, las opciones y los equilibrios de riesgo que implica cada una.
