Madrid, 12 de noviembre de 2026
Once organizaciones del sector agrario y alimentario, entre ellas Asaja, COAG y FIAB, han trasladado a los partidos políticos sus principales reivindicaciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que han destacado la reducción de la burocracia, el impulso al relevo generacional y la reciprocidad comercial.
Así lo han recogido en el desayuno informativo ‘Demandas del sector alimentario para la futura Administración Pública’, que también ha servido para la presentación del ‘Foro de la Nueva Alimentación’, una iniciativa de Agrifood Comunicación para mejorar la reputación del sistema alimentario y su capacidad de influencia.
Este encuentro ha reunido a cerca de 150 profesionales de la producción, la industria, la distribución, la restauración, responsables de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, representantes políticos y medios de comunicación.
El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Móner, ha asegurado que el gasto en alimentación «pesa cada vez más» en el presupuesto familiar y que los costes que hoy asumen agricultores, industria, supermercados y bares, como son la luz, el gasóleo, la regulación o las bajas laborales, tienen un destino conocido cuando no se pueden absorber, y es «el precio de venta al público».
Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha reclamado aligerar la carga administrativa y ha pedido normas que se puedan cumplir, como que «el agricultor tiene que estar en el campo, no haciendo papeles».
El director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Pablo de la Cruz, ha propuesto una vicepresidencia económica de desregulación, ya que cifra en 36.000 millones de euros al año el sobrecoste de la regulación excesiva. En línea con ello, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, defendió integrar los registros que hoy duplican trámites.
La directora general de Marcas de Restauración, Adriana Bonezzi, ha reclamado un único interlocutor frente a las 17 normativas autonómicas con las que convive y el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, unidad de mercado y seguridad jurídica.
Pedro Barato también ha pedido al Gobierno actual y al que salga de las urnas «una defensa a ultranza de la PAC tal y como es hoy» en las cumbres europeas de noviembre y diciembre, que deciden un presupuesto que hoy la deja con cerca de 90.000 millones de euros menos. «Gane quien gane el 29-N, que la PAC sea una cuestión de Estado», ha reclamado.
RELEVO GENERACIONAL
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, ha detallado que entre noviembre de 2026 y octubre de 2030 se jubilarán unos 43.000 agricultores profesionales, el 17% de los afiliados al régimen de autónomos agrario, y que harían falta entre 8.000 y 10.000 incorporaciones de jóvenes al año para compensarlo.
En este sentido, la organización ha reclamado un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, mientras UPA abre sus 16 medidas con una Ley de Agricultura Familiar y un plan nacional de relevo.
Por su lado, Barato ha puesto también el acento en la rentabilidad, debido a que, con menos del 9% de los perceptores de la PAC por debajo de los 40 años, «un joven se queda en el campo si el campo es rentable».
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha insistido en incorporar jóvenes y mujeres, y en que menos explotaciones «es más dependencia exterior y precios menos estables».
Por otro lado, el presidente de Asaja ha pedido que España active las cláusulas de salvaguardia del acuerdo con Mercosur, que se aplica de forma provisional desde mayo, en cuanto se disparen las importaciones, que haya controles de verdad en frontera y que no se modernice el acuerdo con Marruecos.
Asimismo, desde UPA han reclamado cláusulas espejo, controles fronterizos y salvaguardas automáticas; desde Unión de Uniones, su coordinador estatal, Luis Cortés, ha pedido reciprocidad y controles en frontera, y desde Avacu, en nombre de los consumidores, suscriben ambas demandas. La Distribución Anged ha puesto el foco en las plataformas asiáticas, a las que atribuye 1.056 millones de euros de recaudación perdida y 56.000 empleos en riesgo.
RENTABILIDAD, FISCALIDAD Y COSTES DE PRODUCCIÓN
De forma conjunta, Asaja, COAG y Unión de Uniones han reclamado un plan de choque contra los costes de producción y un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida y estable.
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha pedido rebajar los costes energéticos y logísticos de los supermercados.
Asaja ha solicitado, además, obras de regulación para el regadío, que con poco más de una de cada cinco hectáreas cultivadas, aporta más del 70% del valor de la producción agrícola. De la misma forma, ha defendido la necesidad de acometer más inversión y seguridad normativa para la bioenergía, como la de cultivos intermedios, que restaría dependencia del gas ruso y del petróleo importado y daría una renta extra al cerealista.
En el capítulo fiscal, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha situado como prioridad número uno blindar el IVA reducido del 10%; mientras que desde Avacu han reclamado aliviar la fiscalidad de la cesta básica, y desde FIAB, suspender el impuesto al plástico.
Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Asaja, UPA y Unión de Uniones han defendido «que se cumpla y que se refuerce». Mientras que los primeros han solicitado más control, sanciones proporcionadas y más medios para que nadie pague por debajo del coste de producción, UPA, ha incidido en la necesidad de convertir la Agencia de Control e Información Alimentarios en una agencia estatal.
En otro orden de cosas, Hostelería de España y Marcas de Restauración han exigido que los supermercados que sirven en sala, los llamados ‘mercaurantes’, cumplan las mismas reglas que los restaurantes.
A su vez, Distribución y Hostelería han coincidido en atajar el absentismo laboral reforzando el papel de las mutuas, ya que volver a niveles precovid «ahorraría cerca de 17.000 millones de euros a las arcas del Estado», según sus cálculos.
El encuentro, patrocinado por el Foro Interalimentario y Maderalum, se ha cerrado con la participación de los responsables políticos de los tres partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, Partido Popular, PSOE y Vox, que han tenido la oportunidad de expresar sus principales retos para los próximos años.
