Sevilla, 22 de octubre de 2026
El Parlamento de Argentina –Congreso de la Nación Argentina– ha aprobado este miércoles dos medidas propuestas por el presidente del país, Javier Milei, en materia de protección a la propiedad privada y atención a personas con discapacidad.
En una ajustada votación en la Cámara de Diputados, se ha aprobado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei, aunque deberá ser corroborada por el Senado tras la introducción de dos nuevos artículos que restituyen la Ley de Tierras de 2011 derogada por el decreto por el Ejecutivo.
Asimismo, el Parlamento ha aprobado por 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para regularizar la atención a las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. La propuesta, que ha obtenido el respaldo de la mayoría del peronismo y de varios grupos opositores, pasa ahora al Senado para continuar su tramitación.
En este sentido, el Gobierno de Argentina avanzará en dos proyectos claves del país con el apoyo de sus principales aliados PRO, la centrista Unión Cívica Radical (UCR) y algunas bancadas provinciales, mientras que la preservación de la Ley de Tierras ha contado con el apoyo de la amplia mayoría de los diputados, 239. A su vez, la aprobación de la regulación a la atención de personas con discapacidad ha obtenido el apoyo de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, debido a las numerosas modificaciones en el texto.
Sin embargo, ambos proyectos tendrá que pasar por el Senado para corroborar e instaurar ambas medidas en la sociedad argentina. En el caso de la medida sobre la inviolabilidad propiedad privada, la modificación a las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial y alteraciones necesitarán de una aprobación por parte del Senado.
CAMBIOS EN PENSIONES Y FINANCIACIÓN
Entre las principales modificaciones, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, hasta ahora determinados por el Ejecutivo. Los solicitantes deberán disponer del Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no contar con ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
La iniciativa mantiene también la Ley 26.816, relativa al empleo protegido, y refuerza la financiación del sistema: si los fondos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse recursos del Tesoro. Además, establece mecanismos para evitar que las partidas por beneficiario pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza a los titulares de pensiones por invalidez las prestaciones médicas básicas del programa ‘Incluir Salud’.
Otro de los puntos centrales es la deuda con los prestadores, cifrada en unos 278.323 millones de pesos, según datos recogidos por el mismo medio. El Ejecutivo deberá presentar, en los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, un calendario de pagos y saldar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
LA IGLESIA RECLAMA UNA RESPUESTA AL GOBIERNO
La negociación ha contado además con la intervención de la Iglesia católica. Representantes del Episcopado se han reunido con miembros del bloque libertario para trasladar sus preocupación por la situación de las personas con discapacidad y de quienes prestan sus servicios. Posteriormente, la Comisión de Pastoral Social ha expresado su inquietud por los recortes aplicados al sector durante el mandato de Milei.
El respaldo parlamentario supone un avance para el Ejecutivo en uno de sus frentes políticos más delicados, aunque persisten las dudas sobre el coste presupuestario y la posible oposición del Gobierno a determinadas disposiciones. La discusión sobre las cuentas públicas de 2027 y las garantías de financiación seguirá siendo clave para determinar la aplicación efectiva de las medidas.
